Presidente del Consejo de Ministros Adrianzén destacó los resultados de 50 operativos realizados por las fuerzas del orden entre el 1° y el 23 de septiembre en varias regiones del país.

Lima, 25 de setiembre de 2024. En el marco de la firme decisión del Gobierno de combatir la minería ilegal a nivel nacional, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo, entre el 1° y el 23 de septiembre, un total de 50 operativos que resultaron en la incautación de materiales e insumos valorados en más de S/ 43 mil

“El éxito de estos operativos confirma la eficiencia del trabajo coordinado contra la minería ilegal y refuerza nuestro compromiso de seguir luchando hasta su erradicación en el país. Hacemos un llamado a que más actores del Estado y la sociedad civil se unan a este esfuerzo", declaró el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

En las intervenciones participaron efectivos del Ejército, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, junto con representantes de las fiscalías especializadas en Medioambiente. La mayoría de las operaciones se llevaron a cabo en las regiones de Madre de Dios y La Libertad, con acciones también en Amazonas, Piura, Tacna, Cajamarca, Huánuco, Loreto y Junín.

Entre los bienes decomisados se encuentran retroexcavadoras, bombas de succión, balsas, motores, galones de petróleo y dinamita, entre otros, todos vinculados a esta actividad ilegal.

En paralelo a estos esfuerzos, se espera que a finales de septiembre se finalice la actualización de la estrategia nacional de interdicción, bajo la dirección de la Comisión Multisectorial para la Formalización Minera, la Erradicación de la Minería Ilegal y la Recuperación del Ambiente, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Esta nueva estrategia adoptará un enfoque integral en la lucha contra la minería ilegal, incorporando no solo las operaciones de interdicción, sino también la promoción de la formalización minera, el desarrollo de economías alternativas, la trazabilidad de insumos usados en actividades ilícitas, el fortalecimiento institucional de fiscalías y direcciones regionales de Energía y Minas, la bancarización, y un mayor control sobre la comercialización y exportación de minerales.