Como todos sabemos el 15 de marzo se anunció la cuarentena y fue una decisión que todos consideramos correcta como la mejor línea de defensa frente a esta pandemia. Transcurridos los días se está generando una crisis económica y social, y se habla de niveles de desempleo del 8 al 10%. Ante esa situación claramente requerimos implementar una línea de ataque.

Con una mirada integral del país advertimos la necesidad de mejorar la infraestructura pública, por lo cual el Gobierno desarrolló un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del Perú, que implica unos US$ 100 mil millones de inversión en agua y desagüe, salud, educación, carreteras, ferrovías y telecomunicaciones, entre otros.

Si a esa inversión le sumamos el portafolio de proyectos mineros que supera los US$ 50 mil millones a nivel nacional, contaremos con dos grandes atacantes para enfrentar la crisis, que deben ser debidamente evaluados y puestos en marcha en paralelo a la línea de defensa que ha establecido el país.

Esto supone una modernización del Estado peruano, eliminar barreras burocráticas y generar predictibilidad sin descuidar el cumplimiento de altos estándares. Por ejemplo, se ha discutido sobre la posibilidad de contar con un silencio administrativo positivo de manera tal que el Estado ex post revise la información, lo que se puede complementar con una caución con el objetivo de agilizar los trámites, en especial en el sector minero.

Este plan de ataque sería una suerte de Plan Marshall peruano; no nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial la recuperación de Europa estuvo basada en un impulso de la inversión que generó empleo y desarrollo, lo que podemos replicar en nuestro país.

Fuente: Gestión