Nueve instituciones distintas al Ministerio de Energía y Minas tienen opinión sobre los proyectos. Un cambio legislativo es una necesidad, tanto como mejorar los niveles de gestión de los recursos.

Víctor Gobitz, gerente general de Minas Buenaventura, destaca las cifras del crecimiento y la estabilidad macroeconómica que vive el país. Sin embargo, también admite que existe “una tremenda disparidad” cuando se miran esas mismas cifras a nivel regional y entre lo que sucede en las zonas urbanas versus las altoandinas, donde precisamente se ubican los proyectos mineros A partir de esa asimetría, el entusiasmo del ejecutivo se transforma en preocupación. “Tenemos un problema de gestión pública a nivel local y regional. Si lográramos tener una gestión similar a la del Banco Central de Reserva la discusión sería otra: cómo insertar los proyectos mineros en los planes desarrollo locales”.

Sin claridad  

Gobitz considera que, en muchos casos, las autoridades locales elegidas no tienen claras sus tareas, sus deberes e incluso carecen de planes de desarrollo para sus localidades. A partir de allí, muchas de ellas se terminan convirtiendo en opositoras a la minería. Frente a las crecientes demandas de los peruanos que se ubican en las zonas adyacentes a los proyectos, frente al constante peligro de que estalle un conflicto social, el CEO de Buenaventura admite que no hay un modelo único para lograr el consenso con la población. “Hay que observar los potenciales de las comunidades. A partir de esos potenciales se deben establecer los planes de desarrollo”, añade.

Maraña burocrática

Gobitz recuerda que, en la década del 50, el Ministerio de Energía y Minas era parte del gran Ministerio de Fomento. Sin embargo, en los últimos años el Estado ha crecido a nivel institucional. En este milenio, recuerda, se crearon los ministerios de Cultura y Ambiente. “Al día de hoy, nueve instituciones distintas al Ministerio de Energía y Minas opinan y observan un proyecto minero”, señala.

Revela que, frente a esta maraña de trámites, desde el Instituto de Energía y Minas hay un debate abierto sobre el sentido de urgencia de la autoridad. Al respecto, agrega que se debe aplicar el silencio administrativo positivo. “Si un funcionario público recibe un documento debe tener un plazo para pronunciarse”, añade. Indica que, en otros países, por ejemplo, las compañías mineras para las exploraciones presentan un informe de evaluación ambiental y una caución. Y luego de tres meses obtienen el permiso. “Si uno combina silencio administrativo y caución, eso le daría otra dinámica al Estado”, señala.