Por: Dr. Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Recientemente el Gobierno peruano emitió un decreto de urgencia que extiende la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción Municipal a las exploraciones mineras hasta finales del 2022. Al respecto, saludamos dicha medida porque consideramos que es el camino a seguir para dar impulso a nuestra industria minera.

Sin embargo, observamos que aún están pendientes una serie de disposiciones necesarias para promover realmente las exploraciones mineras. Una de estas, es la urgente revisión del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, que nos ha hecho retroceder tremendamente. 

Este reglamento no solo introdujo el silencio administrativo negativo en la tramitación de los estudios ambientales, haciéndolos más lentos, sino también la noción de que las perforaciones tempranas pueden contaminar el medio ambiente. Esto último, especialmente, nos parece un punto en desacorde con la realidad. 

Tras la incorporación de este reglamento hemos perdido ritmo en el avance de las exploraciones, lo cual se refleja en los números. Según las estadísticas, en los últimos 14 meses solo fueron aprobados el 25% de solicitudes de permisos ambientales para perforaciones. Una enorme diferencia con los 14 meses anteriores a dicho periodo, donde se alcanzó el 80% de aprobaciones de las mismas solicitudes.

Y ello se debe principalmente al daño que viene causando la falta de predictibilidad en las aprobaciones y respuestas de parte de nuestras autoridades ante las solicitudes. No existe forma de que el solicitante pueda reclamar o predecir una respuesta, lo cual nos parece realmente grave.

Otro punto importante en el tema de exploraciones -y que se extiende también a toda la normatividad minera- es, sin duda, la saturación de requisitos en las normas. Estos muchas veces no se condicen con la realidad y nos llevan por una nebulosa inacabable. En síntesis, podemos decir que nuestro principal problema sigue siendo la falta de claridad para emitir permisos, lo cual nos resta competitividad. 

En ese sentido, esperamos que de llevarse adelante la actualización de la Ley General de Minería esta sea una oportunidad para revisar los conceptos y comenzar a resolver los verdaderos problemas. Es vital sincerar los reglamentos para corregirlos y hacer que los permisos para exploración sean simples y rápidos.

Debemos entender que la única forma de darle continuidad a nuestra industria minera es reemplazando las reservas ya agotadas a través de la exploración: lo que se decida hoy sobre nuevos yacimientos tendrá un impacto real en 20 o 30 años. Pensemos en el futuro del país.