Por: Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, manifestó que el Perú cuenta con una cartera de inversión minera factible de ser ejecutada para el 2023-2024, ascendente a unos 8,000 millones de dólares.

En esa línea, añadió que la agenda del gobierno es impulsar los proyectos en construcción y, en segundo lugar, acelerar los demás emprendimientos de nuestro portafolio (valorizado en más de USD 53 mil millones) que se encuentran en otras etapas de avance.

Desde nuestra institución, saludamos este mensaje, ya que el país requiere hoy más que nunca de su minería para poder crecer económicamente y superar la actual crisis, sin embargo, consideramos que esta visión del gobierno es un tanto optimista, pues no considera tal vez otros aspectos.

Debemos entender que en un contexto de violencia, con paralizaciones intermitentes de operaciones, no solo se genera una reducción de la producción minera, sino se desalienta la llegada de capitales a nivel general, más aún en un contexto donde los inversionistas globales se han vuelto más cautos con sus inversiones. 

En esa línea, es poco probable que veamos una nueva mina en este escenario, ya que los plazos de retorno de inversión de un proyecto greenfield (proyecto nuevo), son distintos a los de un proyecto brownfield, (de una mina en marcha), que cuenta con menores riesgos técnicos pues ya se conoce su geología, minería y metalurgia.

Por ello, una interesante alternativa para que nuestra economía crezca de manera significativa son los llamados proyectos brownfield, especialmente los de expansión, que tienen un retorno más próximo de la inversión. En los últimos años hemos tenido la expansión de Cerro Verde, también Toquepala, Toromocho está en proceso y en ese camino va también Las Bambas.

Creemos que desde el gobierno peruano se debería considerar apoyar decididamente este tipo de emprendimientos, en paralelo con el esfuerzo de sacar adelante nuestro portafolio de proyectos mineros, especialmente los de gran dimensión.

De otro lado, recientemente el INEI informó que la inversión privada en el Perú cayó 0.3% al cierre del 2022, en medio de un contexto de convulsión social y un entrampamiento político, que no solo viene impactando nuestra economía, sino también erosionado cada vez la salud y la democracia de nuestro país.

Ello nos dice de alguna forma que la recuperación de nuestra economía requiere de estabilidad y predictibilidad, factores que deben ser generados en un escenario de certeza, una tarea que le corresponde hoy al Congreso y al Poder Ejecutivo, pues se necesita determinar cuál será el rumbo del país.

Finalmente, nos preocupa de sobremanera el avance de la minería ilegal en Madre de Dios, que durante el bloqueo de la vía Interoceánica -debido a las protestas- siguió operando con normalidad, y afectando cada vez más la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Esperamos un mayor seguimiento y acción de nuestras autoridades al respecto.